Discurso sobre el Plan de Participación Ciudadana

Martes, 5 de Abril de 2011 - 09:59 hs

Es una enorme satisfacción para mi estar hoy aquí con Ustedes, poniendo en marcha una plan de trabajo que tiene como objetivo la construcción de una política de seguridad que esté en consonancia con el proceso de profundización de nuestra democracia. 

El martes pasado, en la I Reunión del Consejo de Seguridad Interior del año, de la que participan los ministros de seguridad de todas las provincias y demás funcionarios del sistema de seguridad, expresé la firme convicción de nuestro gobierno de que existe una relación directa entre la calidad del sistema democrático y el rol que el Estado reconoce a la ciudadanía en el ámbito de las políticas de seguridad. 

Y esa marca diferencial que supone la participación comunitaria se constituye como tal cuando se asume que las personas y su bienestar cuentan como fines en sí mismas y no como medios. Es decir, cuando la ciudadanía organizada es convocada para protagonizar el cambio y no con una retórica pretendidamente inclusiva que luego no hace otra cosa que banalizar el rol de la comunidad. 

Ese reconocimiento debe insertarse en una mirada integral de las políticas de seguridad que permita responder de forma múltiple a la diversidad que plantea un objetivo tan ambicioso e irrenunciable como lo es el de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mediante el aseguramiento de entornos y formas de relación en los que la afectación de derechos por la expresión de distintas formas de violencia – entre las que se encuentran los delitos- sean la excepción y no la regla. 

Ciertamente se trata de una dimensión en la que la optimización de la calidad de nuestros sistemas policiales y de seguridad tiene mucho trabajo por delante. Pero nadie desconoce ya que esa transformación en el mediano y largo plazo reclama que desde ahora mismo debemos no sólo convocar a la ciudadanía. También como Estado tenemos el desafío de articular con otras áreas que permitan responder con idoneidad a las necesidades que expresa la comunidad cuando abordamos sus condiciones de vida en términos de seguridad humana. 

Hay también en la política de seguridad con perspectiva democrática un compromiso con la construcción de ciudadanía, la reafirmación de la ley y el Estado de derecho como herramientas de inclusión. Tenemos mucho por hacer en lo atinente a la construcción de nuevos horizontes culturales, y nuevas formas de reconocimiento y significación cultural sobre todo para nuestros jóvenes; 

No se trata, y esto debe quedar claro, de abordar desde la seguridad el resto de los niveles de intervención política. Por el contrario, estamos convencidos de que debemos plasmar en acciones concretas el reconocimiento unánime de que la prevención de la violencia y el delito resultan determinantes en la proyección de nuestra calidad de vida y que ello reclama distintos niveles de intervención. Por eso, no podemos darnos el lujo de postergar la coordinación multiagencial entre los distintos ámbitos del Estado Nacional y entre los distintos niveles de gobierno promoviendo la orientación y convergencia del conjunto de políticas sociales, culturales, laborales y deportivas , junto con las políticas propias del ámbito de la seguridad, hacia el objetivo común de promover una mayor seguridad de los derechos de todos y todas, dando así menos chances al enraizamiento de una cultura violenta. 

No son estos lineamientos políticos – y permítanme ser enfática en esto – que puedan verse como mojones aislados. Los proponemos aquí y ahora porque entendemos que están en total sintonía con las transformaciones que en los últimos ocho años se han ido produciendo en distintos niveles, muchas de las cuales configuran verdaderas condiciones de posibilidad para esta política de promoción de la participación comunitaria en un ámbito como el de la seguridad. 

En efecto, la reapropiación del espacio público por las organizaciones de la comunidad, la marcha sostenida del proceso de inclusión social, económica, laboral y cultural en el que la igualdad y la dignidad de nuestros hombres y mujeres resultan imperativos éticos respaldados con acciones de gobierno cotidianas, son indispensables para el desarrollo de una política de seguridad democrática. No existe la posibilidad de una convocatoria genuina a la participación si quienes deben protagonizarla se encuentran en condiciones de extrema fragilidad política o social.

Es preciso enmarcar esta convocatoria y la propuesta en el contexto del modelo de gobierno en sentido amplio para poder diferenciarla claramente de aquellas en las que se da la evidente contradicción de postular una participación ciudadana amplia en la materia mientras se promueven políticas que no sólo no mejoran las condiciones estructurales de vida de las personas sino que agravan las condiciones de acceso y goce de derechos básicos, sin los cuales las posibilidades de un involucramiento político se ven notablemente disminuidas.

Esta primera convocatoria entonces es el punto de partida con el que pretendemos poner en marcha un proceso de participación popular progresivamente para todo el país, de modo progresivo, gradual, de acuerdo a la estrategia que hemos diseñado y en el que resultará central el liderazgo de las provincias y los municipios. 

Queremos reconstruir, de la mano de la comunidad organizada, el espacio de lo público. Es en gran medida un aspecto sustantivo de la problemática que nos ocupa, no solo porque proponemos una recuperación del espacio público concreto, - propuesta que llamamos “ganar la calle” -, sino también porque resulta central para la sustentabilidad de las políticas que estamos llevando adelante en distintos órdenes, enriquecer las actividades policiales y de prevención con la puesta en marcha de procedimientos de participación pluralistas, racionales, abiertos, que permitan a los distintos actores de la sociedad civil generar consensos y también auto- regulaciones.

Proponemos que los consensos de los que hablamos se construyan en el seno de los espacios de participación comunitaria que formarán, a partir de su constitución, parte activa del sistema de seguridad que implementamos- . Proponemos convocatorias amplias que garanticen la participación de todas aquellas organizaciones y sectores que se decidan a participar. También sostenemos la importancia de una participación que se enriquezca a través de la capacitación, de la circulación de información y de la reflexión colectiva acerca de las prácticas que desarrollamos. 

Por esas razones pondremos en marcha Escuelas de participación comunitaria en seguridad que brindarán esas herramientas a la vez que nos permitirán también fortalecer las capacidades instaladas en cada territorio. Estamos en proceso de celebrar convenios con la Universidad de las Madres y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con quienes hemos acordado una propuesta curricular y una modalidad de capacitación desde la perspectiva de la educación popular.

Las mesas de trabajo que proponemos crear, y a la explicación de ellas dedicamos hoy gran parte de la jornada, serán claves para asegurar la voz de los vecinos y vecinas en la identificación de distintos niveles de conflictos y será en esos espacios también que iremos definiendo colectivamente su prioridad.

Proponemos elaborar en cada caso verdaderas cartografías de prevención que den relevancia a la capacidad de diagnóstico que la comunidad tiene en relación con la violencia y el delito.. No se trata de un mapa virtual, que no conduce más que a colorear un espacio cibernético del que nadie se hace cargo. Queremos mapear para transformar, para corregir o, si fuera el caso, para reafirmar el rumbo allí donde las cosas se están haciendo bien.

Se trata de mapas elaborados por vecinos y organizaciones que viven en cada barrio, que conocen los problemas y conflictos que allí acontecen y que asumen la tarea de participar en el proceso de abordaje desde su competencia específica. Cada Mapa – que es un diagnóstico concreto- promueve elementos para la elaboración de planes y acciones bien localizados. 

Naturalmente el éxito de estas políticas está en que, en el ámbito de sus responsabilidades, cada actor de gobierno del nivel que sea asuma como un imperativo ético y político dejar de tirar la “pelota” a otro lado y gestionar con responsabilidad una política de reducción de la violencia y el delito en nuestras comunidades. 

Entendemos que así se construye una política de estado. Desde el gobierno nacional ya hemos comenzado a articular las acciones y programas de los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social entre otros, en procura de garantizar la máxima efectividad en la respuesta a cada plan. 

Por nuestra parte, resultará especialmente pertinente nuestro compromiso en todo lo atinente a la adopción de medidas que se deriven de la evaluación comunitaria respecto del desempeño policial y la calidad del servicio policial, procurando celeridad en los cambios que esto demande así como una adecuada exaltación de aquellos funcionarios o prácticas que resulten reconocidas como virtuosas por la comunidad en conjunto con los demás instrumentos de evaluación y desempeño.

Nos anima la intención de recuperar el sentido más profundo que tiene la profesión policial: servir a su comunidad, recuperar credibilidad y prestigio a partir de la motivación y el profesionalismo.

Este objetivo no será posible si no batallamos contra el fundamentalismo de mantener viva una cultura institucional cultora del secreto. La mayor transparencia permitirá ,además, que las fuerzas de seguridad puedan explicitar su tarea, volverla más comprensible, demostrar su capacidad de resolución de problemas o bien, alertar sobre lo que no funcione regularmente y cambiar el rumbo. 

El principal enemigo de los miles de hombres y mujeres honrados que hacen su trabajo, arriesgan su vida y se encuentran envueltos injustamente en la sospecha y la desconfianza no es el pueblo, sino la falta de transparencia, que permite que quienes hacen mal su trabajo consigan impunidad a costa del prestigio de sus compañeros y de la institución en su conjunto. 

Queremos ofrecer y comprometernos en llevar adelante un modo de relación estado – ciudadanía, convocando bajo el imperio de la diversidad como valor central en este proceso. Todas y todos seguramente ganaremos mucho si bregamos por espacios que nos permitan canalizar, bajo la concepción de una idea de comunidad amplia, nuestras demandas e intereses apostando a que la construcción colectiva es el mejor camino y quizás el único realmente válido para la transformación de la realidad. Llegó la hora, a trabajar juntos. A todas y a todas gracias por sumarse a este esfuerzo de cambio que hoy ratificamos y que vemos fortalecido por el acompañamiento de todos ustedes.

NILDA GARRÉ   Ministra de Seguridad de la Nación

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